“Fuerza parapolicial para reprimir”
Los tres organismos elaboraron un detallado informe sobre la actuación del grupo de choque que lleva adelante desalojos violentos e intimida a personas que viven en la calle. Exigen al gobierno una investigación y sanción a los responsables.
Por Eduardo Videla
Catorce denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo dan cuenta de manera categórica que la UCEP –sigla de penosa fama que corresponde a la Unidad de Control del Espacio Público– desalojó a personas de la vía pública en forma violenta, tras proferir amenazas y ataques físicos y les sustrajo sus pertenencias, que terminaron compactadas en un camión recolector de basura. Los casos de violencia contra personas indigentes fueron reunidos en un informe que presentará hoy la Defensoría junto al Centro de Estudios Legales y Sociales y la Defensoría oficial de la Justicia porteña. Allí se concluye que la UCEP actúa como “una fuerza parapolicial para amedrentar, estigmatizar, reprimir y echar de la ciudad a las personas que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad social”. La presentación concluye con un pedido al Ejecutivo porteño para que “disuelva a la brevedad” esa unidad, investigue los hechos denunciados y adopte las sanciones que correspondan. El ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo –de quien depende la UCEP– minimizó las denuncias: “Sobre 3000 acciones anuales, siete denuncias no me parecen significativas”, dijo a Página/12 (ver nota aparte).
El informe, que se dará a conocer hoy en una conferencia de prensa, analiza la normativa por la cual fue creada la UCEP, expone algunos hechos paradigmáticos de violencia cometidos por el personal del organismo; elabora un patrón de su accionar, concluye que su actuación es “clandestina e ilegal” y recomienda su disolución. “Este organismo está completamente desprestigiado: si el gobierno de la ciudad quiere hacer un trabajo en el espacio público con la gente en situación de calle, debe designar a mediadores o a trabajadores sociales y no a patovicas y barrabravas”, dijo a Página/12 la defensora del pueblo, Alicia Pierini.
Para fundamentar su denuncia, las defensorías y el CELS dan a conocer cuatro casos paradigmáticos de los catorce registrados desde septiembre de 2008, a lo largo de un año:
- El 30 de septiembre de 2008, C.R.G. estaba en la puerta del Teatro Colón, cuando, entre la 0 y las 2 de la madrugada llegó una camioneta con el logo de la Ciudad y seis personas a bordo y un camión compactador: “Uno de los hombre se adelanta y le pega una patada en la rodilla al declarante diciéndole ‘qué te pasa’. Luego le pega en la cabeza con una botella de plástico vacía, le quitan las frazadas y lo amenazaron diciendo que no querían que estén ahí”.
- El 2 de octubre de 2008, G.D.P., quien se desempeña como cartonero, relató que ese día, a las 2 de la madrugada, en Lima e Independencia, un grupo de 13 personas le sacaron los carros con los que habían recolectado y también su documentación, todo lo cual fue destruido en el camión compactador.
- El 9 de octubre de 2008, el párroco de la iglesia del Inmaculada Corazón de María relató que dos días antes fue testigo de un episodio en que una persona de 66 años, identificada como A.C.C. que estaba viviendo bajo la autopista 9 de Julio, fue agredido por unas veinte personas vestidas de negro. “Le dieron un puñetazo en el estómago y lo amenazaban con cortarle el cuello si no abandonaba el lugar”, relató el sacerdote.
- El 2 de octubre de este año, un grupo de personas denunció el accionar de la UCEP en Pasco y Autopista, en el barrio de San Cristóbal; entre ellas estaba C., una mujer embarazada quien relató: “Uno que llevaba gorrita empezó a pegarme patadas y trompadas; me golpeé la cara contra el piso y luego me empezaron a manosear. Me decían: ‘Te sentís mal, te vamos a hacer un tacto’.” La escena fue observada por un testigo, que llamó a la policía. El agente que intervino identificó a los agresores.
Los catorce casos denunciados ante la Defensoría fueron incorporados a la denuncia penal presentada por la legisladora porteña Liliana Parada. La causa tramita en el juzgado de Instrucción a cargo de Ricardo Warley, fiscalía de Marcelo Roma. “La denuncia penal es por amenazas, lesiones, robo e incumplimiento de las funciones de los deberes de funcionario público. Lamentablemente, la causa no ha avanzado”, dijo a este diario el abogado Ricardo Dios, jefe de seguridad urbana de la Defensoría.
Actuación clandestina
El informe de las defensorías y el CELS elaboró, a partir de las denuncias recibidas, el patrón de actuación de la UCEP:
- Actúa en todos los casos en una franja horaria que va desde las 23 hasta las 3 de la madrugada.
- Opera sustrayendo las pertenencias de las personas (en algunos casos, familias) que se encuentran en situación de calle, desplazándolas de su lugar de reposo.
- Trabajan en grupos de diez personas o más, que amenazan, coaccionan y en algunos casos lesionan a las víctimas para lograr su objetivo.
- En ningún caso existen decisiones administrativas o judiciales que justifiquen los operativos para liberar los espacios públicos donde pernoctan las víctimas de estos procedimientos.
- El personal de la UCEP se moviliza en vehículos sin identificación, acompañados por camiones de recolección de residuos pertenecientes a la empresa Panizza, rentados por el ministerio en noviembre de 2008.
- En muchos casos se les sustraen a las personas objetos de trabajo, como los carritos de los cartoneros. Otras veces les sacan colchones, frazadas, otras prendas de vestir y hasta documentación personal.
Pese a que la que la UCEP se caracteriza por actuar en forma clandestina, una de las víctimas logró identificar a cuatro de las personas que las desalojaron, a través de fotografías. Una de ellas le dijo a los policías presentes “Quedate tranquilo que le voy a decir al Tano”. El mentado sería el líder de la UCEP, identificado como Luis Savoiardo, según publicó Página/12 el 12 de abril de este año. Pese a todas estas evidencias, el ministro Piccardo insiste en negar los hechos y no ha obtenido resultados positivos en los sumarios que dice haber iniciado para esclarecer esos hechos.
El informe revela además que la UCEP “se ha valido en numerosas oportunidades de la custodia y protección de la Policía Federal”, lo cual “incrementa el carácter intimidatorio y no persuasivo de su accionar”.
Una curiosa explicación dio en febrero de este año, ante la legislatura, el entonces jefe de Gabinete de Piccardo, Fabián Rodríguez Simón, dijo que la función de la UCEP es “explicar a aquellas personas que están ocupando indebidamente el espacio público que la conducta en la que incurren implica una contradicción o falta e informarles qué sanciones podría aplicarle la autoridad con poder de policía”. Con esta frase, Rodríguez Simón admite que la UCEP no tiene poder de policía, pero califica los hechos en los que interviene como “faltas o contravenciones”, ante las cuales debería actuar un fiscal.
El informe sostiene que “la contratación de personal y la ausencia de debidos controles resulta un mero ardid para habilitar la concreción de acciones violatorias a los derechos humanos sobre la población más vulnerable”. Y concluye en que el accionar de la UCEP es ilegal porque la Constitución y las leyes “prohíben el accionar represivo del Estado de manera clandestina, sin justificación legal y sin el debido proceso previo”. Por esa razón, sostiene, se “hace imperiosa y urgente su desarticulación y disolución”.
En la conferencia de prensa que se llevará a cabo hoy a las 16 en la sede de la Defensoría del Pueblo, se pedirá además al Ejecutivo que se “promuevan las investigaciones de los hechos a fin de que se apliquen, de corresponder, las pertinentes sanciones administrativas y penales, tanto a los integrantes de la UCEP como a los responsables de la unidad”.
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Por Eduardo Videla
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